La entidad ruralista había pedido el dictado de una medida cautelar para frenar la toma de posesión del predio por parte del Estado. Las intimaciones que recibió la Sociedad Rural un día después de que se publicara el decreto que anula la venta en el Boletín Oficial, indicaban que el desalojo debía efectivizarse hasta el 22 de enero. Ante la urgencia, desde la institución agraria habían pedido que la expropiación del predio de 12 hectáreas se frenara hasta tanto se resuelva un juicio planteado contra la decisión del Poder Ejecutivo, pero el pedido fue rechazado según consignó hoy la agencia DyN.
La jueza Bracamonte rechazó el planteo de medida cautelar de la Rural que ya lo apeló y hoy mismo ingresó el nuevo recurso a la Sala II de la Cámara.
Los voceros señalaron que la nueva presentación no será tratada hoy por el tribunal y, como es el último día hábil judicial del año, será un tema a resolver durante la feria judicial. Todo depende de la decisión de los jueces designados para intervenir durante enero; es decir, si consideran que merece su tratamiento en ese período o si queda para febrero en el reinicio de la actividad judicial.
Cabe destacar que la adquisición del terreno por parte de la SRA tuvo lugar el 20 de diciembre de 1991, cuando el entonces presidente Carlos Menem firmó la venta del lugar que la entidad ocupaba desde 1875. Es decir que, tal como se publicó en Ferias & Congresos de enero/febrero de 1992, “la Sociedad Rural ejerció el derecho que por ley le asiste de poder comprar el predio en forma directa, después de haber usufructuado los terrenos por espacio de más de 30 años”. El predio ocupa más de 120.000 m2, de los cuales 30.000 m2 pertenecen a la entidad ruralista, que los fue comprando a privados en diferentes épocas.
La estrategia de batallar en los tribunales contra la Casa Rosada fue expuesta ayer por el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, en la concentración que se realizó en la explanada del predio en repudio a la estatización.
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