La Sociedad Rural Argentina, SRA, apelará hoy el fallo de la Justicia que rechazó el pedido de la entidad ruralista de prorrogar -mediante una medida cautelar- la expropiación del predio ferial de Palermo.
Así las cosas, si la Cámara Civil y Comercial resuelve la cautelar, la Rural ganaría tiempo y sería la Justicia quien evalúe si la venta del predio (efectuada en 1991) fue justa o no lo fue. Si en cambio los jueces vuelven a darle la espalda, la entidad deberá desalojar el recinto antes del 22 de enero.
“Nuestro pedido de cautelar fue rechazado en primera instancia y hoy apelaremos. Si hay algo que revisar tiene que ser con pruebas en sede judicial, no con caprichos”, opinó hoy en declaraciones radiales Luis Miguel Etchevehere, presidente de la entidad.
Mediante un escrito de diez páginas, los abogados de la SRA, Juan Carlos y Ezequiel Cassagne, solicitarán a la Sala de Feria de la Cámara Federal Civil y Comercial que trate con urgencia el caso, habilitando la feria judicial de enero.
Además, la entidad publicó hoy en varios diarios una solicitada en la que se reproducen dichos del director ejecutivo del entonces Organismo Nacional de los Bienes del Estado, ONABE, Fernando Miguel Suárez, en los que el funcionario justifica la operación y el precio de venta. Las declaraciones fueron realizadas en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Esto decía el director del ONABE, según señala la SRA en su solicitada: “No se trata de una simple compraventa sino que la misma fue condicionada por el Estado Nacional, teniendo en miras el interés público. Es por ello que el precio de venta no fuera un precio común, cuyas variaciones de mercado puedan registrarse con facilidad, sino que por el contrario, en la determinación del precio se ha relacionado la historia, los cargos , las restricciones, los proyectos, etc. Tales condicionamientos determinan que la venta en cuestión no fuese una operación estrictamente inmobiliaria, en donde el valor del inmueble haya sido el determinante, sino que lo esencial en la misma resultó ser el destino del inmueble, y que ese destino fuera precisamente el fin estatutariamente establecido por la SRA”.
Para Etchevehere, estas declaraciones derriban el principal argumento del gobierno de Cristina Fernández para expropiar el predio, el pago de un “precio vil” de parte de la SRA. Además, sin brindar precisiones, el presidente de la SRA dijo que las entidades rurales están dispuestas a convocar a otro paro del campo en los próximos días, en repudio tanto a la estatización del recinto de Palermo como a otras medidas y políticas que perjudican al sector.
Para entender mejor el conflicto
Cabe destacar que la adquisición del terreno por parte de la SRA tuvo lugar el 20 de diciembre de 1991, cuando el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto 2699, efectivizando la venta del lugar que la entidad ocupaba desde 1875. El jueves 20 de diciembre pasado, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, dio a conocer el Decreto 2552/2012 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que declara la nulidad del decreto 2699 de 1991 y por tanto, restituye los terrenos al Estado. Un día después, la SRA recibió dos cartas en las que el Estado Nacional le daba 30 días corridos para abandonar el predio.
Ante tamaña intimación, el equipo de abogados de la SRA presentó, algunos días después, un pedido ante la Justicia para que se interponga una medida cautelar que frene la expropiación. La SRA pidió que sea el propio Poder Judicial quien determine si la venta del terreno fue justa o no, y reclamaron la resolución de un juicio en su contra, abierto desde el año 2000. La causa fue abierta a partir de denuncias presentadas por la Asociación Amigos del Lago Palermo, que cuestionaron la venta del predio.
Recién en 2010, el juez federal Sergio Torres procesó en la causa a 12 personas, entre los que estaban Domingo Cavallo y Carlos Menem, pero en 2011 la Cámara Nacional de Casación Penal cerró la causa por "prescripción". Ese fallo no está firme, ya que es estudiado por la Corte Suprema. En julio de este año, la Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó los planteos de prescripción y ratificó que la causa permanece abierta.
Pero a pesar de que la Rural insiste en someter el destino del predio a la resolución de esta causa, el primer pedido de cautelar fue rechazado el viernes 28 de diciembre pasado por la jueza Silvina Bracamonte. La decisión de la jueza se sostuvo en cuestiones formales: sostuvo que la SRA no debió haber presentado el pedido de cautelar dentro de una causa persistente, sino en un expediente nuevo.
Aún así, la SRA seguirá con el camino que eligió y ya apeló el fallo de Bracamonte, intentando por segunda vez que una medida cautelar frene la estatización. Actualmente todo depende de la decisión de los jueces de hacer una excepción y tratar el caso durante la feria judicial.
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