En el conflicto entre el Gobierno nacional y la Sociedad Rural Argentina, entablado desde fines de 2012 con el intento estatal de confiscar el recinto palermitano, derogando el decreto que había autorizado su venta en 1992, la más reciente novedad judicial es que dieron lugar a la apelación de la SRA sobre la decisión que levantaba la medida cautelar vigente sobre el predio.
En un comunicado oficial, la entidad del campo expresó: “A partir de la apelación de la Sociedad Rural Argentina, se suspendió una arbitraria decisión judicial que levantaba la medida cautelar que impidió confiscar el predio de la entidad en Palermo. Esta apelación impide que el Estado Nacional adopte cualquier acto material lesivo contra el Predio Ferial de Palermo, hasta tanto la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revise la infundada e ilegítima decisión judicial de primera instancia”.
La información institucional agrega: “Como siempre, la SRA está a disposición de las autoridades judiciales para demostrar la legitimidad de la compra del predio y lo puso de manifiesto en reiteradas ocasiones solicitando expresamente que se adopten las medidas necesarias para facilitar el avance del proceso. En todos los casos, frente a estos pedidos, el juez federal en lo civil y comercial, Iván Garbarino, dilató el proceso alegando la existencia de otras cuestiones pendientes de resolución. Inclusive, impidió su avance hasta tanto se resolvieran otros planteos improcedentes opuestos por el Estado Nacional ante jueces y fueros distintos, cuestión que ciertamente no era obstáculo para proseguir la causa”.
Al respecto, la SRA subrayó: “Todas estas cuestiones no hacen más que comprobar que se trata de una causa viciada desde sus inicios. Todas las hipótesis que allí se plantean son equivocadas. Confiamos en que estos errores se subsanarán en el futuro inmediato, ya que hay sobradas pruebas que confirman nuestra posición:
- El predio ferial de Palermo fue legítimamente comprado por la SRA porque así lo autorizaba el marco legal vigente, por ejemplo, las leyes 22.423, 23.696 –Ley de Reforma del Estado- y 23.697.
- El precio fue justo. Fue tasado según los procedimientos vigentes en la ley y por tres instituciones: Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario, y por un consorcio de inmobiliarias.
- El precio no se agotó en el monto de la venta sino que se extendió a los importantes cargos de compra impuestos por el Estado que superaron con creces dicho valor (esta circunstancia ha sido reconocida por la ONABE y por la Procuración del Tesoro de la Nación).
- Esos cargos que impuso el Estado al momento de la venta exigieron (i) destinar el inmueble para la construcción y funcionamiento de un Centro Internacional de Exposiciones y Congresos, cuyo proyecto debía cumplir las bases detalladas por parte del Estado (ii) contribuir con el cinco por ciento de la recaudación anual de las ventas de entradas de las boleterías de ingreso al Predio por los eventos que se realicen en el mismo y depositarlos a la orden del Estado Nacional Argentino; (iii) celebrar anualmente la tradicional Exposición de Agricultura, Ganadería, e Industria. Todos cargos cumplidos a la fecha. - Las construcciones que la SRA realizó sobre el predio se llevaron adelante en cumplimiento de los cargos de la compra.
- El crédito solicitado al BAPRO, que se concretó en U$S 69.000.000, fue aplicado a las construcciones en cumplimiento de los cargos de compra según certificaciones realizadas por una prestigiosa consultora. El crédito se está pagando en tiempo y forma y queda solamente el pago de una cuota con vencimiento a comienzos de 2016.
- Con ese crédito se construyeron cinco pabellones por un total de 40 mil metros cuadrados, 1.100 cocheras, depósitos y áreas de servicio y un edificio de oficinas con salas”, concluye el informe de la entidad.
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